Condena Gobierno de México decisión judicial de liberación de 'Don Rodo'
Este martes 30 de abril, el gobierno mexicano condenó la liberación 'Don Rodo', señalando los argumentos del juez que lo liberó; el caso puede dañar la reputación de instituciones de México, se dijo
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de darse a conocer la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, la madrugada de este martes 30 de abril, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal hablaron sobre el asunto, condenando el hecho y a las autoridades implicadas en que este fuera puesto en libertad.
Las declaraciones sucedieron, este martes 30 de abril, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro del reporte de seguridad.
Luis Rodríguez Bucio sobre los argumentos del juez
Primero, dentro del informe de “Cero Impunidad”, en su segmento de “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló al juez de control, Rogelio León Díaz Villareal, de ayudar a “Don Rodo”.
Como contexto, indicó que, al momento de su aprehensión, “Don Rodo” fue detenido en posesión de dos armas, más cartuchos y cargadores, “así como más de 2000 pastillas de fentanilo y cocaína”.
Adicionalmente, señaló que, el domingo 28 de abril, el juez tomó la determinación de no vincularlo a proceso y ordenar su libertad inmediata, “con base a tres videos” que presentó la defensa “dos horas antes del inicio de la audiencia”. Aunque, adelantó que la Fiscalía General de la República presentará un recurso de apelación.
Asimismo, Rodríguez Bucio presentó los supuestos argumentos principales por los cuales el juez de control tomó su decisión:
- Señaló de “inverosímil” que, a las 03:48 horas, un hombre de 71 años estuviera armado y llevara 2,011 pastillas de fentanilo y 38 gr cocaína, por lo que cuestionó que, si vendiera tales sustancias, las tendría en casa y no en su cuerpo.
- Mencionó que, dadas las condiciones de salud del acusado, este no tiene la capacidad de cargar un arma larga. El argumento parte, según lo presentado, por la opinión de un médico que ofreció “Don Rodo” como testigo y no por “un dictamen pericial imparcial”. Además, se señaló que ese mismo médico, luego de ser cuestionado por el MP, dijo que “sí podía cargar hasta 5 kgs.”
- Concluyó que hubo una variación de hechos entre lo manifestado en el informe Policial Homologado y los videos entregados por la defensa, los cuales, señalan las autoridades, están segmentados y “muy posiblemente editados a conveniencia.”
- Dijo que en los videos no se evidencia la posibilidad de que el detenido haya podido correr hacia el domicilio, “en atención a sus condiciones físicas y de salud.”
- Insistió que, en los videos presentados, no es posible determinar que el detenido estuviera armado afuera de su casa. No obstante, señaló sí es visible cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de la misma. En este sentido, las autoridades argumentan que el metraje ocurre así, pues el video solo muestra los 15 segundos previos al ingreso de las autoridades al domicilio.
- “Aceptó como válidos los videos sin tomar en cuenta que el perito en informática, ofrecido por la defensa, admitió que los videos podían estar editados o modificados al no contener el código que, en todo caso, revelaría si fueron o no manipulados previamente.”
Sobre el retraso de la liberación y la reputación del Estado Mexicano
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, después de presentar su informe de seguridad, retomó el tema sobre Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo” y recordó que este fue detenido el pasado 21 de abril, en una operación en conjunto entre la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, mencionó que, con base a la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de México, Oseguera Cervantes ha sido señalado en el pasado de “participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y tráfico de armas”.
En ese sentido, subrayó que, a pesar de que la FGR aportó la carpeta de investigación del acusado, en donde se encuentran “los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso”, el juez decidió “no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión” y, en cambio, ordenó su inmediata liberación.
Adicionalmente, Rodríguez puntualizó que la decisión del juez fue tomada “a las 04:25 horas” del domingo 28 de abril. Por tanto, insistió:
El juzgador no toma en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía. No las valoró adecuadamente. No dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, dio validez plena a indicios de la defensa: videos editados y segmentados, en los que se presume una manipulación.”
No obstante, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que, debido a la relevancia del caso para el Estado Mexicano, el lunes 29 de abril, recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que interviniera y revisara el proceso, con el fin de que evitara la liberación de Oseguera Cervantes. Pese a ello, dicha institución, dijo Rodriguez, justificó “el actuar del juez”.
Por otro lado, hizo saber que el Gobierno de México solicitó a autoridades estadounidenses “información, procesos o denuncias pendientes” en contra de Oseguera Cervantes, con el fin, señaló, “de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas”. Las cuales, el lunes 29 de abril, confirmaron que que no hay “algún proceso u orden pendiente”.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, Rodriguez puntualizó que el caso es “de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana”, así como que es “un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México”.
Finalmente, reconoció que sí hubo una demora en la liberación de Oseguera Cervantes, luego de que un juez diera un ultimátum de menos de tres horas para que fuera liberado, pero determinaron “no acatar de inmediato”, debido a que consideraron que se tenía que hacer “una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones”, a la vez de poder reunir “toda la información y proteger, en todo momento, la dignidad del Estado Mexicano”. Debido a ello, el Estado Mexicano deberá pagar dos multas de 25 mil pesos.
