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Internacional

Gobierno de Venezuela ordena a funcionarios de la ONU que se retiren de su país

Este jueves 15 de febrero, el canciller de Venezuela ha emitido un comunicado donde ordena el retiro de su país de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

El comunicado nace después de las recientes declaraciones que la oficina de la ONU para los Derecho Humanos ha dicho sobre la detección de Rocío San Miguel. Fuente: X (antes Twitter)
El comunicado nace después de las recientes declaraciones que la oficina de la ONU para los Derecho Humanos ha dicho sobre la detección de Rocío San Miguel. Fuente: X (antes Twitter)

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Por: Jesús Morales

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CARACAS, Venezuela.- Este jueves 15 de febrero, el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió que suspenderá las operaciones del la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por lo que ha ordenado a los 13 funcionarios de dicho comisionado que abandonen el país en un plazo de 72 horas.

Fue a través del canciller de Venezuela, Yván Gil, que la información fue dada a conocer, agregó que el plazo de 72 horas ocurre, “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.”

La decisión ocurre debido a que, el martes 13 de febrero, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es dirigida por Volker Türk, publicaron que estaban dando seguimiento “con profunda preocupación” a la detección de Rocío San Miguel, quien es una defensora de los derechos humanos.


En ese sentido, la detección fue calificada por el organismo como “desaparición forzada”, a la vez de que, como se desconocía su paradero, instaban a la liberación inmediata y que se le respetara su “derecho a la defensa legal”.

Después, este jueves 15 de febrero, de nueva cuenta desde su X, reiteraron sobre el caso de Rocío San Miguel, en el que comunicaron que habían observado la confirmación del lugar en el que fue detenida y que, a la par, se había puesto en libertad condicional a cuatro familiares de ella. Esta información fue difundida por autoridades venezolanas; sin embargo, mencionaron que debía “respetarse las garantías procesales, incluido el derecho a la defensa.”


Ante ese hecho, el gobierno de Venezuela, a través de su canciller, expuso que las razones de su resolución para determinar la expulsión, vienen “debido al impropio papel” que la institución ha desarrollado, “que lejos de mostrarla como un ente imparcial”, la han convertido “en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra” Venezuela.

Más adelante, en el comunicado, el texto indica que, ante lo que ellos llaman un “impropio actuar”, el gobierno de Venezuela “ha procedido con paciencia y por la vía del diálogo”, con el fin de “reconducir el accionar” de la Oficia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que se respete “la verdad, la legalidad internacional y las normas” sobre derechos humanos.

Pese a ello, continúan, esto no ha evitado que se disminuyan “sus ataques contra Venezuela”, cuestión que ellos consideran incongruente frente a “la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino”, cosa que señalan se ha favorecido con una “total impunidad” por la “inacción de esta burocracia internacional”, la cual no ha condenado ni solicitado “un alto al fuego inmediato”. A esto, subrayan que su institución se ha mantenido “pávida e inerte ante el asesinato de más de 10 000 niños palestinos”.

Por ende, para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, este organismo internacional ha actuado con “fórmulas de colonialismo judicial”, lo que no solo “vulnera la carta con la que se fundó las Naciones Unidas, sino que, en lo dicho por ellos, “incumple flagrantemente las obligaciones contenidas” en la misma, en las cuales se le obliga al Alto Comisionado 'respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados”, agregan.


Por todo esto, concluyen en su texto que: 

Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.

Ante tales declaraciones, hasta el momento, ni el Alto Comisionado, ni la cuenta de X de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como algún funcionario relacionado, han dado alguna declaración para conocer su postura. 

¿Quién es Rocío San Miguel?

Rocío San Miguel es una abogada y activista de derechos humanos venezolana-española, la cual se ha especializado en temas militares y es presidenta de la ONG, Control Ciudadano, que tiene por objetivo la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, defensa y las fueras armadas.

Según lo conocido, San Miguel fue arrestada el 9 de febrero, alrededor de las 5 horas, cuando se encontraba en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, de Caracas. Según los abogados de la misma, está siendo acusada por terrorismo, por, supuestamente, haber conspirado para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Asimismo, a su arresto se le siguieron los de cinco familiares suyos, entre los que se incluyen su hija y expareja, quien es un ex militar retirado, pero, como ya se ha informado, estos ya han sido liberados.

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