Fabricantes de armas de EU buscan que Corte Suprema frene demanda de México
El gobierno mexicano afirma que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México
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ESTADOS UNIDOS. Fabricantes de armas estadounidenses planean pedir a la Corte Suprema frene una demanda del gobierno de México por 10 mil millones de dólares, que busca responsabilizarlos de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de drogas a través de la frontera.
El caso comenzó cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez que había desestimado el caso el mes pasado.
México alega en su demanda, presentada en 2021, que las empresas fabricantes socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que apoyarían a los cárteles de la droga, lo que ha propiciado asesinatos, extorsiones y secuestros en el país.
El gobierno mexicano afirma que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, y más del 68% de ellas son fabricadas por las ocho empresas incluidas en el caso, entre las que se encuentran Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México sostiene que este contrabando ha contribuido a las elevadas tasas de muertes relacionadas con posesión de armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de gastar más en seguridad pública. Sin embargo, las empresas niegan las acusaciones.
De acuerdo con información de Reuters, el abogado de Smith & Wesson Brands, Andrew Lelling, expresó en la audiencia del viernes que hay una posibilidad razonablemente buena de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación.
Lelling argumentó que la apelación se centraría en si los reclamos de México están vetados por una ley federal sobre comercio de armas conocida como PLCAA, la cual brinda protección a los fabricantes contra demandas por el uso indebido de sus productos.
“Este caso involucra un estatuto diseñado específicamente para permitir que este grupo particular de acusados eluda los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto”
“Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión”.
La corte del Primer Circuito dictaminó el 22 de enero que aunque la ley federal puede aplicarse a demandas de otros países, el caso de México “alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA”.
Saylor señaló que tenía “algunas reservas” acerca de suspender completamente el caso en espera de una apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, no tomó ninguna decisión y dijo que decidiría sobre el asunto el 12 de marzo.
